La trampa

¿Hay, al final, un trasvase de dinero desde las fundaciones de los partidos a los partidos mismos? ¿Existen unas cañerías subterráneas por las que circulan los billetes de las donaciones que, por puro interés empresarial o, quizá, –seamos cándidos por un instante– por pura generosidad patriótica, hacen las grandes compañías españolas que cierran jugosos contratos con el Estado?

La duda es obligada porque ya no es posible que los ciudadanos dejen de sentir una negrísima sospecha sobre el comportamiento económico de los partidos políticos, sobre sus auténticas fuentes de financiación y sobre la gestión que hacen del dinero público que reciben. El caso Gürtel, la fortuna de Bárcenas, sus papeles o, mejor dicho, sus fotocopias y las declaraciones judiciales de algunos dirigentes, ya han puesto al Partido Popular en el punto de mira de la opinión pública y en las investigaciones de algunos jueces de instrucción.

Y parecía que el PSOE ya había tenido su vacuna con el caso Filesa, el primer gran escándalo de financiación ilegal que sacudió la inocencia democrática de los españoles, y que a partir de ahí su ejecutoria iba a soportar cualquier prueba de calidad.

Pero ya en abril nos topamos con Amy Martin y los enjuagues de su marido, Carlos Mulas, director de la Fundación Ideas, vinculada al PSOE. Una estafa de 50.000 euros que ambos dicen que han devuelto ya, aunque sólo sea en parte. Pero de ese timo con ínfulas intelectuales y hasta artísticas queda, además del esperpéntico recuerdo, la inquietante sensación de que también los socialistas pueden haber caído en la tentación de repetir la jugada de financiarse por lo oscuro.

Cuando se supo lo del tándem Mulas-Amy, la Fundación Ideas repitió hasta el aburrimiento que su situación financiera era «dificilísima» y que iba a abordar una reestructuración de sus actividades, incluidas drásticas medidas de ajuste.

¿Qué ha hecho la fundación con el casi millón de euros que en un solo año, cuando el socialismo estaba en el poder, le proporcionaron las grandes compañías españolas? Un dinero que hay que sumar a la subvención pública que, por ley, recibe del Estado. ¿Se lo ha gastado quizá en pagar pensamientos, aportaciones intelectuales de la más alta envergadura que nos orientaran en la salida de la crisis o en la regeneración democrática, tan necesaria? No se sabe.

La ley de Financiación de 2007 lleva insertada, y semioculta entre los pliegues de sus disposiciones adicionales, una trampilla por la que pueden haberse colado con destino a los partidos cientos de miles de euros. Si se llega a comprobar que ha sido así, no habría duda: la trampilla se hizo para encubrir la trampa. Ya es lo que les falta a los partidos para perder el poco prestigio que les queda.